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La inclusión digital empodera a la mujer, pero sigue sin mejorar su posición laboral

La inclusión digital empodera a la mujer, pero sigue sin mejorar su posición laboral

La adquisición de competencias digitales no supera obstáculos como la discriminación por motivos de edad, género o nacionalidad, o la conciliación con las responsabilidades familiares.

En todos los marcos normativos europeos, la tecnología se considera un factor clave para la competitividad y la innovación, y la inclusión digital de la población la herramienta que permite generar un capital humano capaz de hacer frente a los retos del mercado laboral y contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos laborales, educativos y de participación social en la red. ¿Es la inclusión digital, sin embargo, suficiente para garantizar el crecimiento económico en igualdad de condiciones? La respuesta es «no», como concluye la investigación de Lídia Arroyo, investigadora del grupo GenTIC del centro de investigación IN3 de la UOC, que también pone de relieve «a pesar de ser el medio generalizado para buscar trabajo, en Internet las brechas aumentan cuando se utiliza para mejorar el perfil profesional», apunta la investigadora, y «son las personas más formadas, en especial los hombres, los que más se benefician de Internet para cursar formación en línea, acceder a la información y participar en la red».

La investigación de Arroyo se basa, por un lado, en un estudio de las políticas TIC de España y de la Unión Europea, y de los datos estadísticos sobre el uso efectivo de Internet; y, por otro lado, en un estudio cualitativo realizado sobre una muestra de 32 mujeres en edad activa y en una posición desfavorecida en la esfera digital y el mercado digital, y que participaron en un curso para adquirir capacidades digitales para encontrar trabajo. Estos dos estudios forman parte de su tesis doctoral, en la que analiza los efectos de la inclusión digital de las mujeres en su posición en el mercado de trabajo, y los resultados se publican, respectivamente, como estudio de progreso de la Fundación Alternativas y como capítulo en el libro Technologies of Labour and the Politics of Contradiction (2018).

Una inclusión desigual

En España, Internet es la vía para buscar trabajo más generalizada para las personas de todos los niveles educativos —la usan con este fin un 25% de las personas usuarias de Internet—, así como una vía de acceso a recursos educativos para mejorar el perfil profesional. El sector de la población que más usa Internet para buscar trabajo son las chicas de entre 16 y 24 años (un 34%, respecto al 29% de los chicos de la misma edad), seguido por el de las mujeres de entre 25 y 54 años (un 31%, respecto al 28% de los hombres). La brecha de género se invierte en la franja de edad de más de 55 años: el porcentaje de hombres que usa Internet para buscar trabajo (8%) duplica al de las mujeres (4%). En cuanto al nivel de estudios, es una vía generalizada para la búsqueda de trabajo para personas de todos los niveles.

Los datos de inclusión digital en España son ligeramente superiores a los de la media de los países de la Unión Europea en todos los grupos de edad y niveles de estudios (a excepción de los hombres jóvenes y las mujeres de más de 55 años). Al compararlos con las tasas de paro, sin embargo, se observa que las de España son dramáticamente superiores a las de la media europea —entre los jóvenes españoles, por ejemplo, la tasa de paro es del 48%, mientras que en la UE es de un 20%—, lo que «demuestra que una elevada inclusión digital no garantiza más crecimiento económico en igualdad de oportunidades», afirma Arroyo.

El estudio muestra que Internet tampoco promueve la formación a lo largo de la vida entre la gente mayor y con menos nivel educativo, y que no es una vía de mejora del nivel de formación de las personas con estudios medios o bajos, sino que, por el contrario, «tiene un efecto multiplicador en la adquisición de conocimientos por parte de personas con un nivel elevado de estudios», apunta la investigadora.

Todo ello pone en evidencia que «las desigualdades de género, nivel educativo y edad se trasladan a los usos de Internet vinculados al ámbito laboral, en el que se reproducen las relaciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad», concluye Arroyo.

Mujeres con más competencias digitales, mujeres más empoderadas

El núcleo de la investigación de Lídia Arroyo es un estudio cualitativo efectuado sobre una muestra de 32 mujeres de entre 26 y 61 años —de las cuales tres cuartas partes tenían más de 45—, en una situación socialmente desfavorecida, y que habían realizado un curso para adquirir competencias digitales para acceder al mercado laboral. La mayoría tenían estudios de primaria y secundaria, y 8 procedían de Marruecos, Armenia, Filipinas, Cuba, Bolivia y Colombia. El objetivo del estudio esa descubrir si Internet puede contribuir a mejorar la posición en el mercado de trabajo de las mujeres en una situación socialmente desfavorecida.

Los resultados indican que la inclusión digital no les conlleva una mejor posición en el mercado de trabajo, pero sí las empodera en tanto que las hace confiar más en las propias capacidades personales y profesionales y promueve su autonomía. De la muestra, aquellas mujeres que estaban en el paro destacaron que hay obstáculos que la adquisición de competencias digitales no puede superar, como la discriminación por razones de edad, género o nacionalidad que existe en el mercado de trabajo, así como la incompatibilidad de los horarios laborales con las responsabilidades familiares o el nivel de formación que requieren las ofertas de empleo.

Así pues, la investigación de Arroyo concluye que a pesar de que la inclusión digital no se traduce en un mayor crecimiento económico en igualdad de oportunidades, es necesario diseñar programas de inclusión digital que promuevan usos estratégicos de Internet para la población más desfavorecida, además de programas en el ámbito de la ocupación y la educación, que permitan detectar otras competencias básicas, no-digitales y transversales que requieran los sectores productivos de cada región del Estado. Estas políticas han de coordinarse con otras políticas sociales para evitar la discriminación por motivos de edad, género o país de procedencia.


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