Las polémicas subidas de tarifas de las telefónicas
Al mismo tiempo que nos acercamos al fin del roaming, a cambio de esta buena noticia para el bolsillo de los consumidores recibimos una serie de datos que provocan la sensación contraria, además de no poca controversia.
Las grandes operadoras de telecomunicaciones —Movistar, Orange y Vodafone— no han cesado en su estrategia de subir los precios de sus tarifas, cuyo aumento llega a ser de hasta 5 euros en lo que va de año, y especialmente se han cebado en el mercado de los productos convergentes (que incluyen internet, fijo, móvil y televisión). Ese incremento en la factura de los clientes va acompañado de contenidos televisivos más exclusivos, o un aumento en la velocidad de internet o los datos móviles contratados, una dinámica que está en el foco de las asociaciones de consumidores desde hace años.
El pasado marzo, las compañías defendían esas subidas en los precios para el cliente porque, aseguraban, respondían a la demanda creciente de datos móviles. "Vamos ajustando el precio a medida que el consumidor necesita más cosas", justificaba entonces el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez. "Aún así, cada cliente que ve cambiada su tarifa es libre de posicionarse en la tarifa que quiera. Hay una libertad masiva", indicaba, por su parte, el director de Estrategia de Vodafone España, David Sola.
Para Facua, esta subida en los precios "no es circunstancial porque no se da cada cierto número de años, sino que las tarifas las modifican al alza cada pocos meses. No es excusable", asegura al diario 20minutos su portavoz, Miguel Ángel Serrano. "El único propósito por parte de la empresa es el económico, no por necesidades del cliente. Ningún consumidor se pondría en contra si esta modificación unilateral respondiese a una necesidad", agrega Serrano, que insta a los consumidores a reclamar ante las autoridades de consumo de su Comunidad Autónoma.
Las compañías consideran que su conducta está amparada en el artículo 9 del Real Decreto 899/2009, que recoge la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, explican desde Facua. Dicho artículo, en su tercer apartado, indica: "Los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones contractuales con una antelación mínima de un mes, informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna". Sin embargo, "obvian" el primer apartado de este artículo, que asegura que "los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas solo podrán ser modificados por los motivos válidos expresamente previstos en el contrato".
Tres operadores controlan prácticamente todo el mercado de las telecomunicaciones en España (dominan el 84,5% del total del mercado de banda ancha móvil, según la CNMC). Desde que a principios de año la CNMC unificó los clientes de Vodafone y Ono, y los de Orange y Jazztel, el panorama que queda es el siguiente: en banda ancha fija, Movistar representa el 42,12% de la cuota de mercado, Orange el 28,67% y Vodafone el 23,30%. En internet móvil, Movistar cuenta con una cuota del 27,96%; Orange, del 27,3%, y Vodafone, del 27,04%.
Desde Facua entienden que las administraciones competentes "deberían tomar cartas en el asunto, porque el consumidor español tiene que hacer frente a modificaciones unilaterales sin consultarle y cada poco tiempo".
Por su parte, la OCU recuerda que si una operadora modifica las condiciones establecidas en el contrato "no existe obligación de permanencia" y los usuarios tienen derecho a cambiarse de compañía o de tarifa sin penalización o coste alguno.
Artículo escrito por Sara Ríos y publicado en 20minutos.es
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