Un principio que no debería olvidarse
Durante cientos de años se ha aceptado que un país no tiene derecho a imponer sus normas a ciudadanos de otros países; por consiguiente, la información que es ilegal en un país puede ser perfectamente legal en otro.
En Tailandia se prohíbe insultar al rey; en Brasil se prohíbe llevar a cabo campañas políticas negativas durante las elecciones; en Turquía se prohíbe cualquier tipo de discurso que sea denigrante hacia Ataturk o la nación turca; no obstante, todo esto es legal en otros países. Por ello, y dado que somos una empresa que funciona a nivel global, nos esforzamos por respetar estas diferencias.
El pasado mes de marzo, la Agencia de protección de datos francesa (CNIL) ordenó que su interpretación de la ley francesa en materia de protección del derecho al olvido debía aplicarse no solo en Francia, sino en todos los países del mundo.
El derecho al olvido ―para ser más exactos, el derecho a ser eliminado de los resultados de una búsqueda― fue el resultado de una sentencia histórica que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014. Dicho derecho permite a los europeos eliminar algunos de los enlaces que ofrecen los motores de búsqueda al realizar una búsqueda por el nombre de una persona, incluso cuando dichos enlaces hacen referencia a información veraz y legítima, como pueden ser artículos de periódico o páginas web gubernamentales oficiales.
Google cumple con esta sentencia del Tribunal Europeo en todos los países de la Unión Europea; nuestro enfoque refleja los criterios establecidos por el TJUE, así como las directrices de las entidades reguladoras y tribunales de cada país respecto a los matices de sus propias normas en materia de protección de datos. A día de hoy, hemos revisado cerca de un millón y medio de páginas web en Europa y eliminado alrededor de un 40% de los resultados obtenidos. Tan solo en Francia, hemos revisado unas 300.000 páginas web y eliminado casi un 50%.
Hace poco, y tras las sugerencias de las entidades reguladoras europeas, hemos ampliado nuestra postura, restringiendo el acceso a los enlaces eliminados en todos los servicios de Google Search visibles desde el país de la persona que realiza la búsqueda (también hemos eliminado estos enlaces de entre los resultados ofrecidos desde otros dominios de la Unión Europea). Esto significa que si detectamos que estás en Francia y haces una búsqueda de alguien que ha eliminado un enlace amparado por el derecho al olvido, no podrás ver dicho enlace en Google Search, independientemente del dominio que estés empleando; aunque cualquiera que se encuentre fuera de la Unión Europea, donde no existen leyes de derecho al olvido, seguirá viendo el enlace cuando realice la misma búsqueda desde dominios no europeos.
La última orden de la CNIL, no obstante, nos exige que vayamos un paso más allá y que apliquemos su interpretación de la ley francesa en todas las versiones de Google Search a nivel mundial. Esto significaría que tendríamos que eliminar enlaces a contenido ―que puede ser perfectamente legal en algunos países― en dominios de un gran número de países: desde Australia (google.com.au) hasta Zambia (google.co.zm), e incluso de incluso de google.com.
Tanto a nivel legal como en lo que a principios se refiere, no estamos de acuerdo con esta petición. Cumplimos con las leyes de los países en los que operamos, pero si la ley francesa pasa a ser aplicable a nivel mundial, ¿cuánto tardarían otros países ―quizá no tan abiertos y democráticos― en empezar a exigir que sus leyes en materia de regulación de la información tengan un alcance global? Esta orden puede llevar a una carrera hacia el abismo a nivel mundial, lo cual perjudicaría el acceso a una información que es perfectamente legítima en el país de cada uno. Por ejemplo, esto podría impedir a ciudadanos franceses ver contenido que es perfectamente legal en Francia. Y esto no constituye un problema hipotético. Hemos recibido peticiones de distintos gobiernos para eliminar contenido a nivel global por distintos motivos; y nos hemos resistido, incluso si esto ha llevado en ocasiones al bloqueo de nuestros servicios.
En defensa de este principio fundacional del Derecho internacional, hoy hemos presentado ante el Tribunal Supremo Administrativo de Francia, el Conseil d’Etat, un recurso de apelación contra la orden dictada por la CNIL. Estamos a la espera de la revisión del caso por parte del Tribunal, y esperamos que mantenga los derechos de los ciudadanos de todo el mundo a acceder a información legal.
Kent Walker, Senior Vice Presidente y General Counsel de Google
Kent Walker de Google
