El director del FBI cree que la privacidad digital pone a la gente por encima de la ley
La nueva realidad tecnológica está llevando a una situación cada vez más compleja en el ámbito de la privacidad y la protección de datos, en la que cada vez es más difícil conciliar las exigencias de los usuarios por un lado y de la industria IT por otro, con el punto de vista de los organismos gubernamentales encargados de crear, modificar y hacer cumplir las leyes.
La Memoria Anual de 2013 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de revelar que el sector con mayor número de actuaciones de investigación el año pasado fue el de las telecomunicaciones, con 2.256 del total de 10.741 (un 21%). El importe de las sanciones al sector TI ascendió a más de 15 millones de euros, que es más del 67% del volumen total de poco más de 22 millones de euros de todos los sectores. Se consolidaron además las reclamaciones relacionadas con el llamado derecho al olvido en Internet, con 184 reclamaciones, de las que 157 se resolvieron dirigidas frente a buscadores.
Frente a esta realidad que confirma la creciente reacción de los ciudadanos a su preocupación por su privacidad en los entornos digitales, esta semana un grupo de presión o lobby de la industria IT, respaldado por firmas como IBM, Microsoft y Oracle, ha manifestado que la Unión Europea debe relajar aún más las reglas de protección de los datos personales de bajo riesgo, en respuesta a la propuesta llevada a cabo el pasado viernes por los ministros de justicia de la UE.
En dicha reunión, el Consejo de la UE hizo nuevas propuestas dentro del proceso de reforma de la ley de protección de la privacidad en Europa, cuyo objetivo es reforzar la confianza de los usuarios en los servicios online, adaptando las normas al entorno tecnológico actual, además de ahorrar a las compañías unos 2.300 millones de euros al año al reducir su carga administrativa.
La nueva propuesta eliminaría la obligación de las empresas de menos de 250 empleados de mantener un registro de los datos que controlan o gestionan a disposición de los reguladores, salvo que aquellos se consideren de “alto riesgo”. Pero miembros de DigitalEurope como Apple, CA Technologies, HP o SAP creen que “el texto de la propuesta sigue presentando varias debilidades que darán como resultado obligaciones innecesarias para los controladores y procesadores que sin embargo no mejorarán en nada la protección de la privacidad”.
Mientras todo esto sucede, los gobiernos dirigen su preocupación con frecuencia hacia los riesgos que supone el mundo digital para la garantía de la seguridad nacional e internacional, lo que en ocasiones choca con lo que los ciudadanos consideran su seguridad o privacidad personal. Sin ir más lejos, este fin de semana se produjo una polémica al respecto de unas declaraciones del director del FBI, James Comey, en la televisión estadounidense.
Comey dijo lo siguiente, según recoge Forbes: “Me abruma la idea que sea posible comercializar dispositivos que permiten al usuario colocarse por encima de la ley. Como país, no entiendo que coloquemos a alguien por encima de la ley. Es decir, vender automóviles cuyos baúles no puedan ser abiertos por agentes policiales, que incluso cuenten con una orden judicial, o vender un apartamento al que no pueda ingresar siquiera la policía. ¿Me gustaría vivir en un vecindario como ese? En este caso, la preocupación es similar. Aún existiendo sospechas concretas de secuestro, explotación de menores o terrorismo, no podríamos acceder a ese teléfono. Mi impresión es que hemos ido demasiado lejos al llegar a una situación de estas características”.
A su vez, el periodista de Forbes Kashmir Hill ha puesto en tela de juicio la profesionalidad de su colega del programa “60 Minutes” en el que intervino el director del FBI, por dos custiones: Scott Pelley no preguntó a Comey acerca de los planes del FBI para defender sus puntos de vista frente a Google y Apple, y además aseguró en directo que el nuevo software de Apple “hace imposible para el FBI vulnerar el código ingresado por el usuario”. Al respecto de lo último, Hill ha indicado que los agentes de la ley pueden, si lo deciden, vulnerar el código ya sea utilizando el método de fuerza bruta o siguiendo procedimientos policiales estándar, que incluyen arrebatar el aparato al sospechoso antes que pueda cerrarlo y activar el código de cifrado, en alusión al caso del moderador de Silk Road, Ross Ulbricht, al que unos agentes del orden se abalanzaron en una biblioteca, impidiéndole cerrar su laptop.
