España mejora en políticas públicas para el desarrollo de Cloud Computing
Nuestro país se sitúa en el décimo lugar entre las 24 principales economías de TI, escalando un puesto respecto a 2016.
BSA | The Software Alliance ha publicado su informe anual sobre el nivel de preparación de los países en relación con el desarrollo del cloud computing (BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018). El estudio, que evalúa las políticas públicas en vigor en 24 países que suponen el 80% del mercado mundial de tecnologías de la información, destaca las mejoras llevadas a cabo en España en materia de entorno legal y normativa, lo que permite a nuestro país escalar una posición en el ranking y pasar al décimo lugar.
El estudio BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018, la última versión de este estudio único a escala mundial que clasifica la preparación de los países en cuanto a adopción y crecimiento de los servicios de cloud computing, presenta una metodología actualizada que refleja mejor las políticas que han ayudado al crecimiento exponencial de la computación en nube en los últimos cinco años, poniendo un énfasis adicional en las leyes de privacidad y ciberseguridad, así como en la infraestructura de banda ancha.
En 2018, la mayoría de los países siguen experimentando avances, pero algunos mercados se están quedando atrás. Alemania obtuvo la puntuación más alta, gracias sobre todo a sus políticas nacionales de ciberseguridad, seguido de cerca por Japón y Estados Unidos. En las últimas posiciones se sitúa un pequeño grupo de naciones que no han adoptado el enfoque internacional: Rusia, China, Indonesia y Vietnam.
España: completa legislación en privacidad y ciberseguridad, y avances en IT
Según este nuevo informe, España cuenta con una completa legislación sobre privacidad, aunque depende en gran medida de requisitos de registro que podrían actuar como una barrera para los servicios de cloud computing. Asimismo, el informe considera que nuestro país tiene una legislación actualizada sobre delitos cibernéticos y desataca que es uno de los países que han ratificado la Convención sobre Ciberdelincuencia.
España también cuenta con una legislación integral sobre comercio electrónico y firma electrónica, y los proveedores de servicios de Internet (ISP) están libres de cualquier filtración o censura de Internet.
Por otro lado, España se destaca como un participante muy activo en foros internacionales y en el apoyo al desarrollo de normas globales y la interoperabilidad. Además, está registrando avances significativos en infraestructura TI en los últimos años. En la Agenda Digital para España, lanzada en 2013, reafirmamos el compromiso de cumplir con los objetivos de la Comisión Europea para que todos los hogares españoles tengan velocidades de descarga de al menos 30 MB para 2020, y de 100 MB para el 50 % de hogares en 2025.
En palabras de Andrés Pi, portavoz del Comité español de BSA, “este informe muestra que avanzamos en la dirección correcta, apostando por la innovación y el impulso del cloud computing. No obstante, aún existen algunas brechas menores en la protección de la Propiedad Intelectual, y la aplicación de la ley es mejorable, particularmente en relación con la elusión de las medidas tecnológicas de protección. En estos aspectos debemos trabajar”.
Cloud Computing Scorecard, una herramienta útil para los países y el impulso de la nube
"El Scorecard es una herramienta que puede ayudar a los países a autoevaluar de forma constructiva sus políticas y determinar los pasos a seguir para aumentar la adopción del cloud computing", apunta Victoria Espinel, presidenta y CEO de BSA | The Software Alliance. "La nube permite a cualquier persona acceder a una tecnología que antes sólo estaba al alcance de grandes organizaciones, allanando el camino para una mayor conectividad e innovación. Los países que adoptan la libre circulación de datos, implementan soluciones de ciberseguridad de vanguardia, protegen la propiedad intelectual y establecen la infraestructura de TI adecuada, continuarán cosechando los beneficios del cloud tanto para empresas como para ciudadanos".
Entre los resultados globales del estudio, destacan:
· Las políticas avanzadas de privacidad y seguridad distinguen a los países líderes de los mercados rezagados. Los países continúan actualizando y perfeccionando sus normativas de protección de datos, la mayoría de veces de forma que permite el flujo de datos transfronterizos. Algunos países, sin embargo, aún no han adoptado leyes de privacidad adecuadas.
· Los mercados emergentes siguen estando a la cola en la adopción de políticas favorables a la nube, lo que dificulta su crecimiento, con regulaciones que imponen barreras significativas para los proveedores de servicios en la nube, requisitos de localización de datos y carencia de medidas de protección que mejoren la ciberseguridad.
· Las desviaciones de las políticas ampliamente adoptadas y los acuerdos internacionales retrasan a mercados clave. Los estándares, las certificaciones y las pruebas aceptadas internacionalmente ayudan a mejorar el entorno de seguridad para el cloud computing, pero no todos los países reconocen dichas mejores en sus estándares locales.
· Los pocos países que han adoptado políticas de localización pagan un alto precio. Los requisitos de localización de datos actúan como una barrera para la computación en la nube, causando impactos financieros negativos para los mercados locales.
· Un mayor énfasis en la preparación de TI y el desarrollo de la banda ancha conducen a resultados interesantes. La capacidad de los países y las empresas para aprovechar la computación en la nube para el crecimiento requiere acceso a una red poderosa. Si bien casi todos los países continúan trabajando para mejorar el acceso de banda ancha, el éxito de esos esfuerzos sigue siendo poco consistente.
A través de un análisis del marco legal y regulatorio de 24 países, el Scorecard busca proporcionar una plataforma para el debate entre los responsables de la formulación de políticas y los proveedores de servicios en la nube. Este diálogo puede ayudar a desarrollar un régimen armonizado internacionalmente de leyes y regulaciones que faciliten la computación en la nube.