Amazon, Apple, Cisco o HP apoyan a Microsoft en su litigio sobre privacidad
Microsoft lleva algunos meses peleando con el Gobierno de los Estados Unidos en una lucha legal por la privacidad de los datos de usuarios alojados en servidores de otros países. Es un ejemplo más de una polémica de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, y que vuelve a confirmar la misma posición por parte de la administración norteamericana.
En este caso, una investigación acerca de tráfico de drogas llevó al Gobierno estadounidense a pedir a Microsoft que le permitiera acceder a emails almacenados en un servidor localizado en Irlanda, a lo que el gigante de Redmond se ha opuesto en repetidas ocasiones, obteniendo la acusación de diversos tribunales. La semana pasada, Microsoft recurrió ante una corte de apelaciones, y este martes ha recibido el apoyo de diversas compañías y organizaciones durante el proceso.
Amazon, Apple, Cisco, HP, Verizon, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, organizaciones empresariales y profesores universitarios realizaron lo que se denomina escritos “Amicus curiae”, que son presentaciones de terceros ajenos a la causa, para apoyar la postura de Microsoft al negarse a ofrecer la información solicitada por el Gobierno. El criterio de sus partidarios y abogados en el litigio se basa en que los derechos de los ciudadanos, incluido el de la privacidad, deben estar regulados por la legislación de su propio país, y no debe inmiscuirse en ellos la justicia de otro estado.
Randal Milch, vicepresidente de Verizon, manifestó a través del blog de su compañía que “la ley no permite que el Gobierno de EEUU utilice una orden de registro para obtener datos de clientes almacenados en el extranjero”. Tanto él como Brad Smith, principal abogado de Microsoft, instaron a las autoridades de EEUU a imaginar una situación inversa, que otros países interviniesen en los sistemas de almacenamiento informático ubicados en Estados Unidos.
Mientras los partidarios de Microsoft en este asunto advierten del grave precedente internacional que supondría la cesión de la información solicitada por el Gobierno, éste defiende, en boca de su Departamento de Justicia, que lo peligroso sería lo contrario, ya que los proveedores de correo electrónico tendrían libertad para emigrar los datos de una localización a cualquier otra, evitando a los agentes de la ley.
