La firma digital impulsa la transformación digital de las compañías de telco
La firma digital ha entrado con fuerza en el sector de las telecomunicaciones y, especialmente, entre los proveedores de telefonía móvil y de acceso a Internet. En ambos casos, el canal de venta online es cada vez más relevante.
Además de simplificar tareas burocráticas y redundantes y eliminar el uso del papel, la firma digital acelera los procesos de venta y contratación y mejora la experiencia de los clientes.
Gracias a ella se pueden automatizar y agilizar tareas como la contratación de servicios, la actualización de tarifas y condiciones, la aceptación de presupuestos, la formalización de citas previas e inspecciones, la reclamación de impagos y los mandatos SEPA (autorizaciones de pago, obligatorias para poder realizar cargos en la cuenta del cliente).
Diversificación y omnicanalidad
Las redes de oficinas de servicio al cliente, donde se venden teléfonos móviles, se contratan líneas fijas y se atienden reclamaciones, han dejado de ser el elemento central de la actividad de las compañías de telecomunicaciones. En los últimos años, las telcos se ha diversificado mucho y actualmente mantienen relaciones con diferentes entidades y tipologías de clientes, cubriendo todo el espectro de los intercambios B2C, B2B y B2G, en una orientación omnicanal.
A pesar de que ser un sector que ha avanzado enormemente en competencias digitales en los últimos años, todavía maneja una cantidad importante de documentos en papel, lo que requiere dedicar mucho tiempo y recursos a la verificación de la información enviada y recibida.
En este escenario, la firma electrónica es una herramienta fundamental en el proceso de transformación digital de este sector. De hecho, la Unión Europea está promoviendo el uso de la firma electrónica entre las empresas y las Administraciones Públicas de los Estados miembros. Para ello, la UE creó el Connecting Europe Facility (CEF), dentro del que se engloba el CEF Telecom Projects, que destinó, desde 2014 hasta 2020, un total de 4 millones de euros para la promoción de la implementación de la firma electrónica en España.
