Las pequeñas empresas, aquellas de menos de 50 empleados, pueden resultar muy lucrativa para los ciberdelincuentes debido a los datos que poseen sobre sus clientes y empleados; datos que pueden alcanzar altos precios si se venden o secuestran, convirtiéndose así en una nueva fuente de ingresos.
En estos ciberataques, alrededor de 65 millones de usuarios han sido víctimas del robo de información personal, que incluyen hasta datos financieros.
Campañas recientes ven al grupo APT28 volviendo a realizar operaciones secretas de recopilación de inteligencia en Europa y Sudamérica.
Ya se trate de víctimas directas o de puntas de lanza para ataques más amplios, la gran mayoría de pymes cuentan con una infraestructura de seguridad menos sofisticada que las grandes empresas, menor experiencia y mayor falta de personal cualificado para gestionar y responder a las amenazas.
Solo la mitad de los consumidores europeos están dispuestos a proporcionar sus datos personales a cambio de servicios gratuitos o más económicos.
El malware y la piratería provocaron cerca del 75 por ciento de las infracciones en lo que llevamos de año.
Conocían la brecha de seguridad desde la pasada primavera, pero optaron por el silencio. El cierre será paulatino y culminará en agosto de 2019.
Los ciberdelicuentes suplantan la identidad de la víctima y envían un mensaje desde la dirección del usuario haciéndole creer que se ha pirateado la cuenta.
La difusión de noticias falsas puede acarrear penas de 3 a 12 meses de prisión o multas de hasta 18 meses según el artículo 561 del Código Penal.
Cuando una empresa sufre una fuga de información, este hecho puede afectar más allá de sus finanzas, su reputación y la privacidad del cliente. Una fuga de datos también puede afectar a las carreras de las personas en
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